Un buen resultado esta teniendo la convocatoria que ha hecho la Subsecretaría de Desarrollo Regional en conjunto con
jueves, 25 de septiembre de 2008
UN APORTE AL DESARROLLO DE LOS TERRITORIOS
martes, 1 de julio de 2008
Fondo de Fortalecimiento de la Sociedad Civil: el “area rara” de las políticas públicas
Gonzalo Delamaza
Como “área rara” la calificó el columnista de un diario capitalino, a propósito de las denuncias periodísticas, escasamente fundadas, en torno a la gestión del Fondo que apoya a las organizaciones de la sociedad civil. Efectivamente se trata de un “área rara”, pues el Estado chileno ha desarrollado diversos instrumentos para externalizar servicios, privatizar funciones y subcontratar obras, utilizando a veces los mismos métodos inaceptables de los contratos a honorarios para trabajos permanentes, el empleo precario y otros. También ha creado muchos fondos concursables para estimular áreas de política que le interesan, a bajo costo e involucrando a muchos actores. Pero no ha estructurado una política clara para su relación con la sociedad civil organizada, ni para implementar una estrategia que conduzca a su fortalecimiento.
El Fondo para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil es una iniciativa que viene desde 2003, que está apoyado por un Consejo mixto, conformado por dos representantes del gobierno (SEGEGOB y MIDEPLAN) y siete representantes de diversos sectores de la sociedad civil organizada (organizaciones sociales, voluntariado, ONG, etc). Sin embargo este Fondo aún no está institucionalizado, pues para todos los efectos prácticos y legales, no es más que un programa de la División de Organizaciones Sociales, dependiendo en la práctica de las decisiones que esta tome, siendo evaluado por la DIPRES en estos términos y carente, por lo tanto de autonomía real en aspectos de su funcionamiento.
La situación anterior se ha producido por la voluntad activa de la Presidenta y el Ministerio SEGEGOB de mantener el Fondo, a pesar de que no existe aún una ley que lo regule. La constitución de Consejos Regionales, el requisito de inhabilidad absoluta de los consejeros para presentar proyectos, así como la externalización del proceso de evaluación de los proyectos desde 2007, ha permitido total transparencia y probidad en la adjudicación de los recursos, traducido en 899 proyectos por cerca de 2500 millones de pesos en el actual período presidencial. Pero dicho avance se ve obstruido por la falta de una visión clara de la importancia política del tema, que llevó a la disminución del Fondo en el presupuesto de 2008. Y actualmente por la demora en la aprobación de la Ley de Asociatividad y Participación Ciudadana actualmente en trámite en el Senado. Dicha ley permitirá una autonomía efectiva del Fondo, deberá fortalecer la presencia estatal en el mismo y garantizar un adecuado soporte institucional para el mismo.
Las recientes denuncias sobre eventuales irregularidades en la DOS afectan indirectamente el futuro de iniciativas como el Fondo, ya que siembran una sombra de sospecha sobre estas acciones de corresponsabilidad y coejecución de políticas. Aunque carecen de fundamento, deben contrarrestarse con transparencia y haciendo visible y explícitos los objetivos buscados. Es necesario reafirmar la importancia del compromiso del Estado –no sólo del gobierno- con el desarrollo y fortalecimiento de la sociedad civil y sus organizaciones, con total autonomía y prescindencia político partidaria, en una perspectiva de profundización democrática e incremento del pluralismo y la diversidad en nuestro país. Es urgente avanzar en una institucionalidad moderna para los sistemas de financiamiento y apoyo. La modernización democrática del Estado chileno es la respuesta adecuada para resolver las tensiones de las “áreas raras” de la gestión pública.
Como “área rara” la calificó el columnista de un diario capitalino, a propósito de las denuncias periodísticas, escasamente fundadas, en torno a la gestión del Fondo que apoya a las organizaciones de la sociedad civil. Efectivamente se trata de un “área rara”, pues el Estado chileno ha desarrollado diversos instrumentos para externalizar servicios, privatizar funciones y subcontratar obras, utilizando a veces los mismos métodos inaceptables de los contratos a honorarios para trabajos permanentes, el empleo precario y otros. También ha creado muchos fondos concursables para estimular áreas de política que le interesan, a bajo costo e involucrando a muchos actores. Pero no ha estructurado una política clara para su relación con la sociedad civil organizada, ni para implementar una estrategia que conduzca a su fortalecimiento.
El Fondo para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil es una iniciativa que viene desde 2003, que está apoyado por un Consejo mixto, conformado por dos representantes del gobierno (SEGEGOB y MIDEPLAN) y siete representantes de diversos sectores de la sociedad civil organizada (organizaciones sociales, voluntariado, ONG, etc). Sin embargo este Fondo aún no está institucionalizado, pues para todos los efectos prácticos y legales, no es más que un programa de la División de Organizaciones Sociales, dependiendo en la práctica de las decisiones que esta tome, siendo evaluado por la DIPRES en estos términos y carente, por lo tanto de autonomía real en aspectos de su funcionamiento.
La situación anterior se ha producido por la voluntad activa de la Presidenta y el Ministerio SEGEGOB de mantener el Fondo, a pesar de que no existe aún una ley que lo regule. La constitución de Consejos Regionales, el requisito de inhabilidad absoluta de los consejeros para presentar proyectos, así como la externalización del proceso de evaluación de los proyectos desde 2007, ha permitido total transparencia y probidad en la adjudicación de los recursos, traducido en 899 proyectos por cerca de 2500 millones de pesos en el actual período presidencial. Pero dicho avance se ve obstruido por la falta de una visión clara de la importancia política del tema, que llevó a la disminución del Fondo en el presupuesto de 2008. Y actualmente por la demora en la aprobación de la Ley de Asociatividad y Participación Ciudadana actualmente en trámite en el Senado. Dicha ley permitirá una autonomía efectiva del Fondo, deberá fortalecer la presencia estatal en el mismo y garantizar un adecuado soporte institucional para el mismo.
Las recientes denuncias sobre eventuales irregularidades en la DOS afectan indirectamente el futuro de iniciativas como el Fondo, ya que siembran una sombra de sospecha sobre estas acciones de corresponsabilidad y coejecución de políticas. Aunque carecen de fundamento, deben contrarrestarse con transparencia y haciendo visible y explícitos los objetivos buscados. Es necesario reafirmar la importancia del compromiso del Estado –no sólo del gobierno- con el desarrollo y fortalecimiento de la sociedad civil y sus organizaciones, con total autonomía y prescindencia político partidaria, en una perspectiva de profundización democrática e incremento del pluralismo y la diversidad en nuestro país. Es urgente avanzar en una institucionalidad moderna para los sistemas de financiamiento y apoyo. La modernización democrática del Estado chileno es la respuesta adecuada para resolver las tensiones de las “áreas raras” de la gestión pública.
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