La palabra contraloría en Chile está asociada a la institución que controla la juridicidad de los actos del Estado. Control de la gestión, por su parte, ejerce el Ministerio de Hacienda sobre el gasto y los programas públicos (excediendo sus funciones originales); a nivel político lo ejerce el parlamento sobre el ejecutivo y el Tribunal Constitucional que vigila la vigencia de la Constitución del 80, con sus reformas posteriores. ¿Y la ciudadanía dónde controla?
Esto ha llevado a levantar una agenda de transparencia pública, que podría hacer posible algún tipo de control cotidiano, externo y ciudadano de la acción pública. Medidas tendientes al acceso a la información pública, normas anti corrupción, algún reforzamiento de las medidas de regulación de los conflictos de interés, del peso excesivo del dinero en la política, el lobbying, comienzan a surgir.
Sin embargo, estas medidas no se han vinculado hasta ahora a la participación ciudadana. Esta se ejerce de modo marginal, en ejecución y cofinanciamiento de programas y proyectos y a través de mecanismos no institucionalizados. O se hace ex post a través de las elecciones, que indirectamente sancionan una determinada gestión a través de la continuidad o el cambio de los representantes, pero sin una vinculación explícita con contenidos de la gestión.
Ante estas limitaciones de la ciudadanía ha surgido en América Latina una amplia agenda de democracia participativa, que junto con la reforma política involucra estrategias de “responsabilización social”: el control vertical no electoral de múltiples actores para monitorear, denunciar y activar los controles institucionales que no siempre funcionan o son insuficientes. También los espacios de concertación donde se trabaja en estrategias de corresponsabilidad y participación en el ciclo completo de la política pública. Y la llamada “auditoría social” que son mecanismos institucionalizados de control por parte de la ciudadanía.
El desarrollo de todo esto en Chile es muy incipiente: mientras la “responsabilización social” la ejerce más bien la oposición política con el apoyo decidido de los medios de comunicación (mayoritariamente articulados con ella), la concertación es aún materia de experimentos aislados y la auditoría social no rebasa el nivel de las Oficinas de Información y Reclamos y actualmente algunas experiencias de Cuentas Públicas Participativas.
El avance de la agenda de transparencia tendrá que ligarse al de la participación ciudadana, sólo así dará cuenta de las nuevas demandas democráticas que buscan formas de institucionalización, que junto con mejorar la eficiencia y capacidad del Estado, lo fortalecen en una perspectiva democrática.
1 comentario:
Y no habrá mientras, además del formato electrónico, no sean ideas y acciones nuevas.
Les sugiero menos opinión y más casos,concretos,de carne y hueso, con referencias... tal vez así se enganche mejor el tema. Saludos
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