UN APORTE AL DESARROLLO DE LOS TERRITORIOS

Un buen resultado esta teniendo la convocatoria que ha hecho la Subsecretaría de Desarrollo Regional en conjunto con la Corporación Innovación y Ciudadanía y la Agencia de Cooperación Alemana, GTZ, para poner en marcha el Sistema de Gestión de Conocimiento de Buenas Prácticas de Desarrollo de los Territorios.

En <http://www.territoriochile.cl> mas de 600 personas , funcionarios públicos, de municipalidades y numerosos agentes de la sociedad civil se han inscrito para ser parte de una comunidad de aprendizaje y cerca de 280 experiencias están en proceso de postulación al primer concurso que finaliza el 26 de septiembre próximo.

Ello revela dos cosas, la expresión de un interés de numerosas personas que operan de modo mas bien aislados en un ámbito de gestión relativamente nuevo en la gestión pública chilena y que un conjunto de experiencias identifican su quehacer con el desarrollo de unidades espaciales distintas a las unidades administrativas, hacia las cuales normalmente se orientan los instrumentos públicos.

La iniciativa busca recopilar experiencias, destacar y estimular las buenas prácticas y a los funcionarios y actores que las desarrollan, aprender de esos procesos, retroalimentar diseños de políticas, estimular el intercambio y aprendizajes entre pares y el desarrollo de programas de formación.

El desafío no es menor, pero extremadamente válido, particularmente porque el desarrollo de los territorios requiere de enfoques, instrumentos y capacidades de gestión que están recién emergiendo y cuyo despliegue supone procesos y horizontes de descentralización más claros, superar la parcelación de las instituciones públicas y gestionar la interdependencia bajo enfoques de democracia y gobernanza, que son propios de los enfoques de desarrollo territorial.

Aún no se puede evaluar la calidad de las experiencias que serán recopiladas en este primer concurso de Buenas Prácticas de Desarrollo Territorial, ni sus potencialidades para dialogar y fomentar la reflexión sobre los temas señalados, pero estos primeros resultados son sin duda alentadores respecto de la posibilidad de iniciar la conversación.

Fondo de Fortalecimiento de la Sociedad Civil: el “area rara” de las políticas públicas

Gonzalo Delamaza

Como “área rara” la calificó el columnista de un diario capitalino, a propósito de las denuncias periodísticas, escasamente fundadas, en torno a la gestión del Fondo que apoya a las organizaciones de la sociedad civil. Efectivamente se trata de un “área rara”, pues el Estado chileno ha desarrollado diversos instrumentos para externalizar servicios, privatizar funciones y subcontratar obras, utilizando a veces los mismos métodos inaceptables de los contratos a honorarios para trabajos permanentes, el empleo precario y otros. También ha creado muchos fondos concursables para estimular áreas de política que le interesan, a bajo costo e involucrando a muchos actores. Pero no ha estructurado una política clara para su relación con la sociedad civil organizada, ni para implementar una estrategia que conduzca a su fortalecimiento.

El Fondo para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil es una iniciativa que viene desde 2003, que está apoyado por un Consejo mixto, conformado por dos representantes del gobierno (SEGEGOB y MIDEPLAN) y siete representantes de diversos sectores de la sociedad civil organizada (organizaciones sociales, voluntariado, ONG, etc). Sin embargo este Fondo aún no está institucionalizado, pues para todos los efectos prácticos y legales, no es más que un programa de la División de Organizaciones Sociales, dependiendo en la práctica de las decisiones que esta tome, siendo evaluado por la DIPRES en estos términos y carente, por lo tanto de autonomía real en aspectos de su funcionamiento.

La situación anterior se ha producido por la voluntad activa de la Presidenta y el Ministerio SEGEGOB de mantener el Fondo, a pesar de que no existe aún una ley que lo regule. La constitución de Consejos Regionales, el requisito de inhabilidad absoluta de los consejeros para presentar proyectos, así como la externalización del proceso de evaluación de los proyectos desde 2007, ha permitido total transparencia y probidad en la adjudicación de los recursos, traducido en 899 proyectos por cerca de 2500 millones de pesos en el actual período presidencial. Pero dicho avance se ve obstruido por la falta de una visión clara de la importancia política del tema, que llevó a la disminución del Fondo en el presupuesto de 2008. Y actualmente por la demora en la aprobación de la Ley de Asociatividad y Participación Ciudadana actualmente en trámite en el Senado. Dicha ley permitirá una autonomía efectiva del Fondo, deberá fortalecer la presencia estatal en el mismo y garantizar un adecuado soporte institucional para el mismo.

Las recientes denuncias sobre eventuales irregularidades en la DOS afectan indirectamente el futuro de iniciativas como el Fondo, ya que siembran una sombra de sospecha sobre estas acciones de corresponsabilidad y coejecución de políticas. Aunque carecen de fundamento, deben contrarrestarse con transparencia y haciendo visible y explícitos los objetivos buscados. Es necesario reafirmar la importancia del compromiso del Estado –no sólo del gobierno- con el desarrollo y fortalecimiento de la sociedad civil y sus organizaciones, con total autonomía y prescindencia político partidaria, en una perspectiva de profundización democrática e incremento del pluralismo y la diversidad en nuestro país. Es urgente avanzar en una institucionalidad moderna para los sistemas de financiamiento y apoyo. La modernización democrática del Estado chileno es la respuesta adecuada para resolver las tensiones de las “áreas raras” de la gestión pública.

Señales que delatan

REDUCCIÓN DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL

El año 2006, al presentar la Agenda Pro-Participación, en presencia de muchos dirigentes y dirigentas sociales y políticos, la presidenta Michelle Bachelet comprometió la duplicación del Fondo para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil durante su mandato. Ello se comenzó a concretar con el aumento de 700 a 900 millones de pesos de asignación a proyectos para el presupuesto 2007. Sin embargo para el 2008 no sólo no se ha continuado el aumento, sino que el Presupuesto del Fondo, por iniciativa del propio Ejecutivo, se redujo en 100 millones de pesos que fueron reasignados en otro ítem de la Secretaría General de Gobierno (SEGEGOB).

Desde el año 2003 el Fondo de Fortalecimiento de la Sociedad Civil apoya la asociatividad y el desarrollo de capacidades y actividades entre las organizaciones de la sociedad civil. Mediante concursos anuales, hasta la fecha el Fondo ha entregado 3.650 millones de pesos a distintas organizaciones.

El Fondo para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil es administrado por Consejos Mixtos compuestos por representantes de diferentes sectores de la sociedad civil organizada, como organizaciones territoriales, de género, ONGs de desarrollo e indígenas, entre otras. Además participan en ellos un representante de la SEGEGOB y uno del Ministerio de Planificación. En conjunto han dado pasos significativos durante el 2007, con el fin de preparar condiciones para un funcionamiento autónomo y en régimen del Fondo, que ocurrirá cuando se apruebe la Ley de Asociatividad y Participación en la Gestión Pública, actualmente en trámite parlamentario. Durante 2007 se conformaron consejos regionales en todo el país; se estableció la inhabilidad absoluta entre el rol de consejeros y la postulación de proyectos al Fondo; y se externalizó la evaluación de proyectos, antes en manos de la SEGEGOB.

Frente a las severas dificultades y limitaciones que presenta la Agenda Pro-Participación, al no estar integrada de modo coherente en la acción y discurso de los distintos ministerios y servicios; (Ver la sección Barómetro de la Ciudadanía), la disminución de los recursos para el Fondo indica una señal altamente preocupante respecto de las posibilidades reales de avance de la participación ciudadana. Esta no aparece hasta hoy como prioridad de los actores políticos principales, y cuenta con escasa visibilidad pública. El compromiso público de la presidenta era un signo positivo. Las actuales señales políticas evidencian la necesidad urgente de reforzar la débil política en pro de la participación ciudadana, retomando el compromiso presidencial. Es tarea de la sociedad civil exigirlo.

Concepción de democracia y nueva cultura política en Chile

“El modelo de gobernabilidad o de transición a la democracia sancionó una concepción de democracia elitista, altamente segmentada y especializada. En su núcleo se ubica un número reducido de personas que, a su vez, controlan los recursos de poder: las cabezas de los ministerios políticos y los presidentes de los partidos políticos de gobierno y oposición. Reciben un soporte crucial de expertos y tecnócratas, como “asesores” internos o externos, cuya misión es anticipar o lidiar con crisis políticas, ciclos económicos del mercado globalizado o administrar contactos y “contenidos” de opinión que refuercen los consensos predefinidos de la propia elite o neutralicen a los posibles out-siders que puedan amenazarlos.”

“La noción de participación ciudadana se ha visto reducida a sus aspectos más instrumentales, respecto a la cual la gran masa de la población y los sectores intelectuales y políticos cercanos a ella advierten, tardíamente, su progresiva distancia y desafección. Sólo en ocasión de la crisis económica de los últimos años de la década del los noventa, comienzan a debatir voces críticas y visiones retrospectivas. Redescubren que no existió una discusión acerca de la participación ciudadana como un componente estratégico de la transmisión y, luego, de la gobernabilidad democrática, a pesar de la amplia legitimidad y adhesión publica de los primeros gobiernos posdictatoriales.”

“Que lo anterior no haya ocurrido antes probablemente se debió más a un cálculo específico de los protagonistas del proceso político de transición que a una supuesta incapacidad de la sociedad para hacerlo. Fueron estos conductores que inicialmente, apenas vuelta la democracia, concluyeron que carecían del suficiente poder frente a las rigideces de la Constitución del 80, la posible amenaza militar o la “intranquilidad” de los mercados de inversión: o, dicho de otra manera, que el costo político y económico de introducir incertidumbre institucional a cambio de lograr mayor calidad y profundidad democrática ponía en riesgo el pacto cupular que selló la suerte de la transición y con ello su propia posibilidad de acceso al gobierno. Esta decisión política inicial del conglomerado pro-democrático se transformaría, con el tiempo, en una opinión hegemónica en su interior, dando paso a una nueva cultura política muy distinta de la que portó el movimiento civil que derroto en las urnas a la dictadura.”

(Extracto del capítulo “Trayectorias, Redes y Poder: Sociedad Civil y Política en la Transición Democrática Chilena” escrito por Gonzalo Delamaza y Carlos Ochsenius, del libro la Disputa por la Construcción Democrática en América Latina. Coord.: Evelina Dagnino, Alberto J. Olvera, Aldo Panfichi. Editorial Fondo de Cultura Económica, México D.F., edición 2006.)

Creando redes, formando capacidades

Curso-Taller "Control Social, Transparencia y Participación Ciudadana en la Gestión Pública: Experiencias y Herramientas"

Cerca de 60 alumnos provenientes de las regiones de Arica Parinacota, Coquimbo y Maule le dieron vida al curso-taller

Alumnos en actividad grupal del módulo de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Taller sobre Empresas y Derechos Humanos

Conozca el Proyecto INCIDE! Más derechos, Más Voz

Participación, control social y transparencia pública

La palabra contraloría en Chile está asociada a la institución que controla la juridicidad de los actos del Estado. Control de la gestión, por su parte, ejerce el Ministerio de Hacienda sobre el gasto y los programas públicos (excediendo sus funciones originales); a nivel político lo ejerce el parlamento sobre el ejecutivo y el Tribunal Constitucional que vigila la vigencia de la Constitución del 80, con sus reformas posteriores. ¿Y la ciudadanía dónde controla?

Esto ha llevado a levantar una agenda de transparencia pública, que podría hacer posible algún tipo de control cotidiano, externo y ciudadano de la acción pública. Medidas tendientes al acceso a la información pública, normas anti corrupción, algún reforzamiento de las medidas de regulación de los conflictos de interés, del peso excesivo del dinero en la política, el lobbying, comienzan a surgir.

Sin embargo, estas medidas no se han vinculado hasta ahora a la participación ciudadana. Esta se ejerce de modo marginal, en ejecución y cofinanciamiento de programas y proyectos y a través de mecanismos no institucionalizados. O se hace ex post a través de las elecciones, que indirectamente sancionan una determinada gestión a través de la continuidad o el cambio de los representantes, pero sin una vinculación explícita con contenidos de la gestión.

Ante estas limitaciones de la ciudadanía ha surgido en América Latina una amplia agenda de democracia participativa, que junto con la reforma política involucra estrategias de “responsabilización social”: el control vertical no electoral de múltiples actores para monitorear, denunciar y activar los controles institucionales que no siempre funcionan o son insuficientes. También los espacios de concertación donde se trabaja en estrategias de corresponsabilidad y participación en el ciclo completo de la política pública. Y la llamada “auditoría social” que son mecanismos institucionalizados de control por parte de la ciudadanía.

El desarrollo de todo esto en Chile es muy incipiente: mientras la “responsabilización social” la ejerce más bien la oposición política con el apoyo decidido de los medios de comunicación (mayoritariamente articulados con ella), la concertación es aún materia de experimentos aislados y la auditoría social no rebasa el nivel de las Oficinas de Información y Reclamos y actualmente algunas experiencias de Cuentas Públicas Participativas.

El avance de la agenda de transparencia tendrá que ligarse al de la participación ciudadana, sólo así dará cuenta de las nuevas demandas democráticas que buscan formas de institucionalización, que junto con mejorar la eficiencia y capacidad del Estado, lo fortalecen en una perspectiva democrática.

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El Estado y l@s Ciudadan@s

La ciudadanía es igualdad legal, social y humana, que en primer lugar supone consideraciones y tratos mutuos de respeto y reparo igualitario. Pero también, según Rosa María Alfaro, destacada educadora y comunicóloga peruana, ciudadanía significa hacerse cargo del conflicto existente entre los principios y la realidad. Es por lo tanto, hacerse responsable de la desigualdad social existente, estableciendo prioridades de problemas donde esa desigualdad es un elemento determinante, es recuperar para la democracia la idea de justicia.

En esta recuperación democrática reconocemos al Estado y a l@s ciudadan@s como sus principales actores; el primero generando condiciones y resguardos para el efectivo despliegue del “derecho a la igualdad”; pero pondremos especial énfasis en la inevitable necesidad del ciudadan@ de ser capaz de generar cambios, desarrollando una ciudadanía activa que participe y pugne por la equidad, logrando influir con su acción en el ciclo completo de la política pública, desde el diseño hasta su evaluación periódica.

¿Cuáles son las capacidades críticas a desarrollar y fortalecer hoy día para hacer posible esa “ciudadanía activa”? ¿Cuáles son las condiciones mínimas que la democracia debe tener para hacerla posible? ¿Qué desafíos de innovación nos plantean esas capacidades y condiciones necesarias respecto a lo que conocimos y practicamos en el pasado?

Les invitamos a participar con nosotros de este espacio abierto a la discusión y levantamiento de ideas, que faciliten la creación de mayores espacios de justicia-participativa. De construir, construiremos, pero juntos.

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